Por cuarto año consecutivo, los binefarenses no verán incrementada en 2019 la presión contributiva por parte del Ayuntamiento de Binéfar, ya que ayer, 8 de noviembre, se aprobó en pleno extraordinario y por unanimidad una revisión de ordenanzas reguladoras de impuestos, tasas y precios públicos que mantiene estas en los niveles de ejercicios anteriores.

Una de las principales modificaciones acometidas por el consistorio ha sido la rebaja del tipo de gravamen para bienes inmuebles urbanos (IBI), que ha pasado del 0,822 al 0,782, con lo que la cuota para el contribuyente en 2019 experimentará una ligera rebaja. También es significativa la creación de una nueva categoría en el impuesto sobre actividades económicas para el polígono industrial, que también supone una rebaja respecto a las cuotas actuales. “Con esta decisión buscamos que Binéfar sea competitiva, así como que se favorezca la diversificación de sectores económicos y seamos un polo de atracción para la nueva implantación de empresas”, explicaba el alcalde de Binéfar, Alfonso Adán, que es también el responsable de la hacienda municipal.

El pleno aprobó, igualmente, la tasa reguladora por estacionamiento de vehículos en la vía pública para añadir un apartado en el que se establece el precio para la utilización del poste de recarga eléctrica para vehículos que instaló el Ayuntamiento en la calle Comercio. También se han creado nuevas tasas por uso de instalaciones deportivas en previsión a la construcción y puesta en servicio de las pistas de pádel. En el apartado de uso de instalaciones municipales se ha modificado el artículo referido al salón de actos de la Casa Consistorial, que, entre otros, establece que para cualquier evento, presentación de interés social y cultural por asociaciones inscritas en el registro municipal de asociaciones, para su utilización sin ánimo de lucro, la tasa y compensación de gastos se aplicará a partir del tercer uso al año.

Todos los grupos políticos –PSOE, Cambiar, PP y PAR- apoyaron esta revisión porque consideran que no incrementa la presión contributiva sobre los ciudadanos y permite seguir ofreciendo servicios municipales de calidad.